La Presidenta Bachelet, junto a los subsecretarios del Interior, Mahmud Aleuy; de Prevención del Delito, Antonio Frey; y la máxima autoridad de Carabineros, Bruno Villalobos, presentaron Modelo de Integración Carabineros Comunidad (MICC) en actividad en el Bario El Cortijo de Conchalí.

Un trabajo de coordinación entre las autoridades públicas y la comunidad para la prevención y control de los delitos, comenzó a desarrollarse en 46 comunas de la Región Metropolitana a través de la implementación del llamado “Modelo de Integración Carabineros Comunidad (MICC)”. Este instrumento, que es parte del fortalecimiento del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, permite profundizar la relación de las organizaciones sociales con la policía uniformada para trabajar de manera situaciones vinculadas a la seguridad pública.

Para verificar el proceso de instalación del MICC, la Presidenta de la República participó de una actividad en el barrio El Cortijo de Conchalí, junto al General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, los subsecretarios Mahmud Aleuy y Antonio Frey y el alcalde del municipio, Carlos Sottolichio.

En la oportunidad, la Presidenta destacó la necesidad de fortalecer la relación con las comunidades para enfrentar de mejor manera los problemas de seguridad en el país. “Para hacernos cargo de los problemas de seguridad ciudadana, no hay camino corto, no hay una fórmula mágica, no hay una bala de plata, que resuelva todo. Y lo único que tenemos que hacer, es hacer frente a la delincuencia que tanto daño causa a las familias chilenas a través de la unidad, del trabajo conjunto. El camino correcto es sumar la fuerza de Carabineros, de la comunidad y del Gobierno”, dijo la Jefa de Estado, al comienzo de su intervención.

Para el año 2015, la inversión en el plan MICC supera los $4.735 millones, destinados a la implementación de Oficinas comunitarias y de operaciones en los cuarteles policiales de 46 comunas de la Región Metropolitana. Estas oficinas contarán 128 profesionales y 32 técnicos civiles, que colaboran con la labor policial desde sus áreas de especialidad (psicólogos, asistentes sociales, geógrafos), facilitando la comunicación con vecinos y dirigentes sociales. De esta manera, se pueden recoger directamente de la ciudadanía las necesidades en materia de seguridad ciudadana.

Esta incorporación de personal civil también permite liberar personal policial de labores administrativas para concentrarse en tareas de seguridad en terreno.

Para el año 2016, está proyectada la incorporación de 49 comunas al programa, entre la Región de Arica y Parinacota y el Maule; a las que se añadirán en 2017 otras 47 comunas, entre la Región del Biobío y Magallanes. En total, serán más de 140 comunas las que contarán con el programa en los próximos dos años.