Tras reunirse con las empresas eléctricas Enel y CGE, el ministro del Interior (s) aclaró que el gobierno no aceptará que se traspase a tarifas obligaciones que corresponden a las empresas. Indicó que coordinarán con ambas entidades –en el corto plazo- un plan de contingencia para abordar emergencias futuras, lo que se replicará en el resto de las distribuidoras de electricidad del país.

Tras reunirse por más de una hora –por separado- con los ejecutivos de las empresas Enel y CGE –concesionarias de distribución eléctrica de la Región Metropolitana-, el ministro del Interior y Seguridad Pública (s), Mahmud Aleuy, criticó el “insuficiente” despliegue de las empresas eléctricas a raíz de los prolongados cortes de suministro e informó el inicio de un  trabajo inmediato para el fortalecimiento de los planes de contingencias, que permita enfrentar este tipo de emergencias.

“El gobierno estima que toda empresa privada que entrega suministros básicos a la gente tiene la responsabilidad y obligación de enfrentar los eventos que se produzcan de manera adecuada. Nítidamente, en este caso no fue así”, explicó Aleuy.

Acerca del plan de trabajo que se articulará entre la institucionalidad pública y privada, la autoridad aseguró que el viernes 20 de julio y el lunes 24 se realizarán reuniones entre Interior, ONEMI, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; y las empresas. “Esperamos que un máximo de 15 días podamos tener el plan definitivo y adicionalmente haremos un ejercicio similar con el resto de las empresas eléctricas del país”.

Costos no se traspasarán a usuarios

El subsecretario también se refirió a un comunicado de prensa emitido por la Sofofa, en donde se pronuncian respecto de las interrupciones del servicio eléctrico y en que se plantea un eventual reajuste de tarifas para enfrentar futuras contingencias. En dicho documento, el gremio sostiene que “debemos tener la debida consideración de que estamos enfrentando situaciones climáticas que se salen de las estadísticas históricas, por lo tanto, la conversación que debe venir está relacionada a qué nivel de seguridad y respaldo debemos tener en este tipo de servicios y los costos asociados a este estándar de seguridad y respaldo –al momento de discutir la regulación tarifaria de ese sector-“.

Al respecto, Aleuy  señaló que “frente a insinuaciones de que el costo de enfrentar los problemas climáticos que se producen en el país pasen a tarifas, el Gobierno tampoco lo va a aceptar. Las empresas y, sobre todo de sectores empresariales que regularmente hablar de productividad y crecimiento, tienen la responsabilidad de que sus asociados actúen correctamente para que se cumplan esas metas. Nosotros estamos de acuerdo con esas metas, pero no sólo es responsabilidad del gobierno la productividad y el crecimiento, sino que también de las empresas privadas. Por lo tanto, no vamos a traspasar a tarifas lo que es una obligación del sector privado en Chile”.