El subsecretario del Interior indicó que el gobierno analizará los antecedentes de la denuncia realizada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) para evaluar si el gobierno lleva adelante algún tipo de acción legal si es que resulta pertinente

Como un “hecho grave” calificó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, la denuncia de espionaje realizada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) respecto de la instalación de micrófonos y cámaras de video en oficinas de sus directivos.

En entrevista con ADN Radio, la autoridad señaló que “evidentemente, esto de andar instalando micrófonos o cualquier tipo de artilugio electrónico que vulnere la intimidad de las personas, es un hecho grave en cualquier parte del mundo y en Chile también”, razón por la cual el gobierno estudiará los antecedentes para evaluar la presentación de alguna acción legal.

El subsecretario indicó que “parece que algunos hechos de este tipo se producen en periodos electorales, porque la vez anterior, fue en un periodo similar”, en relación con el próximo proceso eleccionario de Sofofa y recordando un bullado caso de espionaje telefónico ocurrido en la década de los años 90 en nuestro país.

Violencia en La Araucanía

Consultado respecto de la decisión del gobierno de invocar la Ley Antiterrorista por los dos atentados ocurridos la noche del miércoles en la Ruta 5 y en un camino interior de la Región de La Araucanía, la autoridad aclaró que durante este gobierno se ha hecho uso de esta herramienta legal en 22 oportunidades, de las cuales 9 corresponden a la macrozona sur y de esas 7 son en La Araucanía. Explicó que en este caso confluyen todos los elementos necesarios para invocar ese cuerpo normativo, sobre todo por el riesgo efectivo para la vida de las personas y el riesgo potencial.

“La querella antiterrorista la usamos como un instrumento cuando se producen hechos donde hay violencia extrema, pero sobre todo, cuando hay riesgo en la vida de las personas, que es exactamente lo que pasó en estos últimos hechos que menciona. La probabilidad de que a través de los disparos que se produjeron y otros, se pudiese haber producido una explosión con el combustible de los dos camiones, era muy alto. Entonces, nosotros hacemos una diferencia bien precisa entre el tipo de instrumento legal que tenemos que usar en función a los posibles hechos que se pudiesen haber producido y esa diferencia la hemos hecho permanentemente”, dijo Aleuy.

Sin embargo, aclaró que esa medida no tiene ninguna vinculación con la posibilidad de que el gobierno esté evaluando decretar estado de excepción constitucional, como lo ha solicitado un grupo de empresarios del transporte.

“Nosotros no estamos por eso. Está demostrado que cuando uno resuelve estados de excepción, lo que pasa es que retrocede en los derechos de las personas. No hay una relación directa entre el tipo de querella que nosotros presentamos y la situación que se produce en un determinado territorio”, precisó.

A su vez, rechazó los cuestionamientos realizados por los transportistas a las cámaras de seguridad instaladas en la Ruta 5, que tienen un efecto de carácter disuasivo, preventivo y de elementos probatorios en eventuales procesos judiciales.

“Yo entiendo que en las sociedades existen capacidades analíticas diferenciadas, pero hace 10 meses que no se producían este tipo de hechos, porque la tecnología es un instrumento que ayuda a  resolver problemas, pero no por sí sola. En ninguna parte del mundo la tecnología resuelve por sí sola los problemas, sino que contribuye a encajonar un cierto tipo de situaciones. Voy a poner un ejemplo distinto: en el caso de Valparaíso, se logró en la última investigación por turbazos, donde un grupo había cometido 99 robos, y un elemento de prueba fueron las imágenes de cámaras. Pero las cámaras por sí sola no permitieron resolver esta situación”, aclaró Aleuy.

Plan en Valparaíso

Por último, respecto del reforzamiento policial dispuesto en Valparaíso, tras las balaceras registradas en el último mes, Aleuy indicó que se está llevando adelante un plan de intervención que aborda los principales problemas detectados, asociados a la violencia, reincidencia de quienes cometen delitos, uso de armamento de fuego y labores de control y prevención. Explicó que algunas medidas fueron coordinadas también con el Ministerio Público.

“Cualquier hecho en que se produzcan enfrentamientos entre personas, con armamento, es preocupante. Solicitamos al fiscal regional pudiese designar un fiscal preferente en el área armas, porque como lo que hay un uso en estos hechos de armamentos, era un aspecto relevante. La Fiscalía regional aceptó esta petición, designó un fiscal, y trabajamos con la fiscalía para darle todo el apoyo para que las investigaciones se hagan lo más rápido posible”, dijo.

Otra de las medidas será la constitución de una mesa de trabajo interinstitucional y permanente para abordar problemáticas de seguridad pública, la realización de fiscalizaciones a locales nocturnos y de venta de alcohol, además de procedimientos focalizados de intervención, que serán evaluados semanalmente por la Intendencia de Valparaíso, y que se extenderán al menos hasta fines de junio.